Positiva evaluación de Pilotos en Mesa Nacional de Mediación Penal Juvenil.

Justicia presentó su propuesta de plan de trabajo 2021, donde se espera iniciar la implementación del piloto de la Región de Antofagasta, entre otros desafíos.

Esta semana se realizó una nueva sesión de la mesa nacional de mediación penal juvenil, con el objetivo de revisar el desarrollo de los pilotos regionales, actualizar lo referido a la tramitación del proyecto de ley en este punto, y acordar proyecciones del trabajo 2021.

 En el marco de la Reforma al Sistema de Reinserción Social Juvenil de Chile, que se está discutiendo actualmente en el Congreso, se incluye un componente sobre Justicia Restaurativa, que se traducirá en un Programa Nacional de Mediación Penal Juvenil, administrado por el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplazará al actual Servicio Nacional de Menores.

Para reforzar el proceso de diseño de esta política pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del equipo de reinserción juvenil, encabezó la última sesión de la mesa durante el presente año, con el objetivo de dar seguimiento a las experiencias del piloto regionales durante el año 2020.

En la instancia, los representantes de la Defensoría Penal, Poder Judicial y Ministro Público, así como de las mesas regionales de Valparaíso, Coquimbo y Atacama, dialogaron sobre el piloto de la Región de Valparaíso, que ha presentado algunas dificultades técnicas para la ejecución de las mediaciones debido a la pandemia, pero que continúa con un trabajo permanente.

En la Región de Coquimbo, en tanto, se han realizado reuniones de la mesa de forma virtual y se efectuaron algunas mediaciones a distancia. En el caso de la Región de Atacama, se suspendió su funcionamiento por la pandemia, pero se retomarán reuniones desde enero de 2021.

Asimismo, se concordaron acciones para el año 2021, que apuntan a fortalecer el desarrollo de la mediación penal juvenil a partir de las practicas instaladas y del aprendizaje acumulado.

En este sentido, la justicia restaurativa es un aporte para contribuir a mejorar cualitativamente el tipo de respuesta que otorga el sistema judicial a las infracciones cometidas por jóvenes. Los atributos de la mediación penal se orientan a dar un tratamiento personalizado a los casos, integrando un enfoque de necesidades de las partes involucradas y dando un rol protagónico a las víctimas para que puedan recibir una reparación del daño sufrido, aumentando significativamente su satisfacción con la solución otorgada.

Contexto y desafíos del Estudio Práctico de Mediación Penal Juvenil

Como contexto, esta instancia entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las máximas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, son fruto de un convenio de colaboración suscrito en diciembre de 2016, para la derivación de casos a mediación, el cual básicamente establece los requisitos que deben cumplir los casos para que sean derivados, mediados y luego homologados los acuerdos en el sistema formal, para darle un cierre efectivo a las causas penales. Dicho convenio fue actualizado y renovado, firmándose nuevamente por las autoridades en septiembre de 2019.

El estudio, en tanto, busca levantar evidencia que pueda sentar las bases del programa que se implemente al interior del futuro Servicio de Reinserción a nivel nacional. A su vez, busca que las partes puedan arribar a acuerdos que favorezcan la reparación de las víctimas y la responsabilidad de los jóvenes infractores.

En el año 2017 se concretó la primera etapa del programa en la ciudad de Santiago. Durante el 2018 se amplió la cobertura territorial a la ciudad de Valparaíso, sobre la base de las buenas evaluaciones realizadas por las instituciones participantes del Convenio.

A finales del año 2019 y comienzos del 2020, se comienza con la ampliación del programa a la ciudad de Copiapó, sosteniéndose reuniones de implementación con las autoridades del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Poder Judicial, Seremía de Justicia y Derechos Humanos y SENAME.

Actualmente se está en proceso de ampliar el programa a la ciudad de Antofagasta, por iniciativa de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, habiéndose realizado reuniones con las autoridades y los actores locales para consensuar la voluntad de participación y tener acuerdos previos para funcionar.

Este despliegue hacia el norte de nuestro país, se explica debido que el proyecto de ley contempla una implementación gradual, comenzando por la macrozona norte, por lo que se busca instalar conocimiento y capacidades institucionales en este componente de la reforma en estas zonas del país, para luego continuar con el sur y finalizando con la zona centro.

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