Octubre trae consigo no solo la frescura de la primavera sino también una transformación significativa en la gestión de residuos en Chile: la implementación de la Ley 20.920, más conocida como Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Este cambio normativo es fundamental para el futuro del reciclaje y la gestión de envases y embalajes en el país, marcando un antes y un después en la responsabilidad medioambiental.
Bajo la Ley REP, la responsabilidad recae directamente sobre los productores e importadores de ciertos artículos, denominados “prioritarios”, para administrar y financiar el destino de los residuos derivados de sus productos.
La premisa es clara: quien contamina, paga. Esta ley busca reducir la cantidad de desechos generados, promoviendo su reutilización y reciclaje, con el principal objetivo de salvaguardar la salud pública y el medio ambiente.
Según Alejandro Hernández Toro, experto en reciclaje chileno, “estamos frente a un momento decisivo. La Ley REP no solo fomenta la responsabilidad ambiental entre los productores, sino que también impulsa una participación ciudadana consciente. Es una oportunidad para reeducarnos sobre cómo consumimos y desechamos”.
Una perspectiva global del desafío
A nivel global, la producción de residuos es alarmante: se generan aproximadamente 10 mil millones de toneladas de desechos anuales, de los cuales 500 millones son potencialmente peligrosos.
Países altamente industrializados están a la cabeza en la producción de estos desechos. Sin embargo, los esfuerzos por mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y promover la neutralidad de carbono no están dando los resultados esperados. Se proyecta que la generación de residuos se incremente en un 70% en los próximos 30 años.
¿Qué pasa con Chile?. Entre 2015 y 2020, el país produjo anualmente entre 18 y 20 millones de toneladas de residuos. La mayoría eran desechos industriales, seguidos por residuos municipales y domiciliarios, y una pequeña porción era de desechos peligrosos.
De esta enorme cantidad, solo el 20% fue reciclado, reutilizado o compostado. El resto acabó en vertederos o rellenos sanitarios, evidenciando una urgente necesidad de mejorar la gestión de residuos.
“La Ley REP es una herramienta vital para transitar hacia una economía circular, donde los residuos son concebidos como recursos. El objetivo es aumentar ese 20% a una mayoría significativa”, señala Hernández Toro.
Implementación gradual y el papel de los Gransic
A partir de octubre, se inicia un sistema de recolección domiciliaria de residuos de envases y embalajes, que transfiere la responsabilidad de la gestión de los municipios a los Gransic (Gran Sistema de Gestión), entidades conformadas por colectivos de productores.
Esta implementación será gradual, comenzando con el 10% de las comunas en el primer año y esperando alcanzar un 80% de cobertura en 2035.
Alejandro Hernández Toro recalca que “este es un proceso progresivo que requiere del compromiso de todos. Cada comuna tendrá un sistema adaptado a sus necesidades, y será esencial que la ciudadanía participe activamente separando sus residuos y utilizando los puntos de recolección disponibles”.
Por otra parte, la correcta separación de los residuos en los hogares es crucial para el éxito de esta iniciativa. Los residuos deben clasificarse en papeles y cartones, envases livianos y vidrio. Cada tipo tiene especificaciones para su reciclaje y serán recolectados en días determinados por los Gransic.
Para las comunas que aún no están incorporadas en la Ley REP, continuarán los programas de reciclaje establecidos por sus municipios.
“Lo más importante es que los residuos estén limpios, secos y aplastados. Este simple paso puede marcar una gran diferencia en la eficiencia del reciclaje”, comenta Alejandro Hernández Toro.
Para conocer más de la Ley REP y su implementación, visita su sitio oficial.