El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado por la ministra de Interior, Carolina Tohá; y el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, anunciaron una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que Crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (que hoy se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados).
El nuevo Servicio contará con 16 Direcciones regionales, que tendrán atribuciones para gestionar en el nivel territorial algunas atribuciones propias, sin perjuicio de la delegación de facultades que fortalezca aún más su rol.
Entre los mejoramientos que se destacan de la nueva institucionalidad se cuenta el carácter de organismo descentralizado y desconcentrado, que entregará asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de discriminación y migrantes); impulsará la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
En este contexto, el Presidente Gabriel Boric señaló que: “Presentamos el proyecto, ahora tenemos que materializarlo y crear esta nueva institucionalidad que va a mejorar la atención y la defensa de las víctimas de la delincuencia en Chile. Con esto se permite el acceso a la justicia de manera integral, con apoyo psicológico, con apoyo social y legal para quienes lo necesiten”.
Así mismo, la ministra Tohá agregó que: “El proyecto que presentamos hoy, es el último que nos faltaba por ingresar al Parlamento. Con esto, el Ejecutivo ha cumplido con todos los ingresos y con todas las indicaciones que había comprometido en esta agenda y este proyecto, que es uno de los 31. Pero es uno demasiado esencial, lo que hace es generar mejores condiciones para que las víctimas se sientan integralmente apoyadas en la experiencia dramática difícil que les toca vivir.”
Por su parte, el ministro de Justicia y DDHH indicó que: “Esta circunstancia es extremadamente relevante, porque, si hay un eje central sobre el cual descansa este proyecto es que la prestación de la asistencia jurídica, el acceso a la justicia y especialmente la atención de las víctimas requiere de conocimiento especializado en los lugares donde las prestaciones se realizan, y de ahí, por lo tanto, que la experiencia recopilada por más de una década sea útil para la conformación de este nuevo servicio público”. En esa misma línea, Rubén García, seremi de Justicia de Coquimbo, agregó que, “Con la presentación de esta indicación a este proyecto de ley, se crea un nuevo servicio de acceso a la justicia y la defensoría de las víctimas. De esta manera fortalecemos el compromiso de nuestro gobierno, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la atención de las víctimas de la delincuencia en nuestro país, otorgando atención jurídica y psicológica a ellas y también dando continuidad al trabajo que hoy día realizan las corporaciones de asistencia judiciales en nuestra región, otorgando asesoría jurídica en las distintas áreas del derecho”.
Presente en la cita estuvo el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, quien apuntó que “desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hemos aportado a este proyecto de ley con nuestra experiencia en el modelo de atención e intervención de carácter sistemático y especializado, desde el punto de vista victimológico, de manera de enfocarse en la búsqueda de justicia de las víctimas directas e indirectas. En 2022 tuvimos 35.722 atenciones en el Programa de Atención de Víctimas, en 43 Centros de Atención de Víctimas y 9 puntos de atención repartidos a lo largo del país”.
En tanto el director Nacional de las CAJ, Rodrigo Mora dijo que: “lo importante primero es que se cumplió con una expectativa de la ciudadanía muy sentida, en otorgarle protección integral, no solamente jurídica, sino que también psicosocial, a las víctimas de delitos”.
La iniciativa legal próxima a ser presentada contempla la generación de estándares para cada una de sus líneas de acción, con su correspondiente sistema de evaluación, así como el uso de nuevas tecnologías para su desarrollo.