CChC sugiere mejorar la normativa acotando los plazos de respuesta y promoviendo exenciones tributarias para incentivar la inversión.
El sismo de 6,7 grados Richter que se percibió el sábado pasado a las 22.32 horas develó una de las falencias que posee el país y que afecta directamente a La Serena: La normativa de preservación de monumentos nacionales, la que a opinión de los entendidos es lenta, engorrosa e incongruente con las aspiraciones de los territorios por mejorar las condiciones de sus acervos culturales, urbanos y patrimoniales.
Si a eso le sumamos que uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico fue la zona típica de La Serena -una de las más extensas de América Latina con más de 100 manzanas- el panorama no deja de preocupar, en especial por el estado en que se encuentran algunas estructuras de un sector donde conviven iglesias, servicios públicos, comercio y viviendas. Todas ellas manifestaciones fundamentales para mantener con vida un centro serenense que se niega a morir, pero que con cada vez efecto de la Naturaleza sufre estragos.
Por esa razón es que el antecedente de que la Catedral de la ciudad había solicitado mantención de una de sus estructuras al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) hace un año, pone en entredicho la pertinencia de la entidad y de la institucionalidad vigente.
Para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena esta situación no pasó desapercibida, pues junto al municipio ha formado una alianza para mejorar las condiciones del casco histórico a través de una mejor gestión del CMN, repartición que regula las zonas típicas en el país. “Nos negamos a ver morir el centro de La Serena. De hecho, creemos que tiene un tremendo potencial y que, por la falta de diligencia en las decisiones y la atemporalidad de éstas, ha entrado en un círculo vicioso que lo va apagando poco a poco”, expresó el presidente regional del gremio, Sergio Quilodrán.
NORMAR PLAZOS DE RESPUESTA
Dentro de las acciones que dio a conocer el presidente de CChC La Serena, Sergio Quilodrán, fue hacer un cambio conceptual. “El concepto “Monumentos” ha quedado obsoleto y debe ser modificado por “Patrimonios”. Coherente con esto, la Ley de Monumentos Nacionales y el nombre del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) también deben ser reemplazados”, aseveró Quilodrán.
La primera medida es que el CMN se acoja efectivamente a la ley 19.880 que establece las Bases de Procedimiento Administrativo, tal como el resto de las reparticiones públicas. “Para la solicitud de intervención de un monumento histórico existe una ambigüedad en la duración del trámite, pues el Consejo se rige por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales de 1970 que no establece plazos, aunque al mismo tiempo dice aplicar las prescripciones de la Ley N°19.880 sobre Procedimiento Administrativo que instaura como máximo un plazo de tres meses. Si tomamos este último antecedente, ciertamente no lo están cumpliendo”, manifestó Quilodrán.
Otra de las modificaciones propuestas por el gremio constructor es descentralizar las decisiones y empoderar a actores locales calificados. “Hay que activar cuanto antes la Comisión Asesora Regional, órgano colegiado que debe incorporar de manera armónica a representantes del Estado, técnicos, profesionales y representantes de la sociedad civil regional con cierta experiencia en el ámbito patrimonial”, explicó el directivo, no sin antes precisar las atribuciones que debe considerar para aprobar o rechazar a nivel local las modificaciones a cualquiera de las categorías que contemple la ley.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Compensaciones e incentivos son dos ideas que ha venido trabajando el gremio, a través de su Comisión de Patrimonio y con la idea de darle nuevos aires a la zona típica de La Serena. “Aquí bregamos por la exención del impuesto territorial a monumentos históricos y zonas típicas de interés patrimonial. Mediante ellas incentivaremos su desarrollo a través de inversiones públicas y privadas”, precisó Sergio Quilodrán.
El representante de gremio agregó que “apurar la modificación de la ley es un camino, pero mientras tanto requerimos y hacemos un llamado a las autoridades a proteger a nuestros ciudadanos ante eventos como el del sábado 19 de enero y a trabajar colaborativamente para sacar adelante una estrategia de conservación de los inmuebles y edificios más antiguos que requieren de atención técnica urgente. Y para ello estamos llanos a colaborar a través de una mirada integral y multidimensional desde la institucionalidad pública, con participación de la comunidad y de agentes privados”.
Lo anterior -a juicio de la Cámara Chilena de la Construcción- dará resultados que permitirán avanzar de manera más decidida en el desarrollo de una política patrimonial contemporánea para nuestro país y que evite quedar atónitos ante nuevos deterioros del acervo cultural de la zona.