La nueva normativa fortalece al Ministerio Público con una Fiscalía especializada de competencia nacional para enfrentar delitos de alta complejidad y crimen organizado.
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, María José Rojas Erbetta, valoró la reciente promulgación de la Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, iniciativa que refuerza la capacidad del Estado para investigar y perseguir el crimen organizado y los delitos de mayor complejidad.
La nueva normativa, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, permitirá que la Fiscalía Supraterritorial opere con competencia nacional, coordinando y especializando la investigación de delitos como el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y crimen organizado transnacional.
En esa línea, María José Rojas Erbetta, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, destacó la relevancia de esta medida, “La creación de la Fiscalía Supraterritorial es un avance trascendental para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. En regiones como la nuestra, donde la persecución del crimen organizado requiere coordinación y especialización, esta ley representa un paso concreto en la protección de las comunidades y en la defensa de los derechos de las personas”.
Entre sus principales aspectos se establece:
- La designación de un Fiscal Jefe de exclusiva confianza del Fiscal Nacional.
- La creación de un Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que reemplaza al actual sistema de focos investigativos.
- La facultad de coordinar investigaciones en todo el territorio nacional y respecto de delitos cometidos en el extranjero que sean competencia de tribunales chilenos.
- Una regla especial en el Código Procesal Penal que habilita la competencia de los tribunales de Santiago en casos donde se estime fundamental para el éxito de la investigación.
Con esta promulgación, el Gobierno reafirma su compromiso con el combate al crimen organizado y la consolidación de un Ministerio Público más eficiente, moderno y con alcance nacional.
La ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.